Mesoamérica alberga entre el 7% y el 8% de la biodiversidad mundial y aproximadamente el 65% de sus bosques se encuentra bajo esquemas de propiedad o uso colectivo de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Estos datos sitúan a la gobernanza comunitaria como un elemento central de las estrategias para frenar la deforestación y conservar los ecosistemas forestales.
En el marco de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Turquía, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación PRISMA presentaron un documento de recomendaciones de política pública (policy brief) que recoge experiencias de Mesoamérica para orientar las políticas e inversiones destinadas a la conservación de los bosques.
El documento, titulado ‘Detener la deforestación requiere gobernanza territorial. Lecciones de Mesoamérica para orientar políticas públicas e inversiones para la conservación de territorios forestales’, plantea que la protección de los ecosistemas forestales debe acompañarse del reconocimiento de los derechos territoriales colectivos, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el desarrollo de economías locales.
Cuatro aprendizajes de Mesoamérica para detener la deforestación
El análisis identifica cuatro condiciones fundamentales para conservar los territorios forestales y sus funciones ecológicas, sociales y culturales:
- Reconocimiento de los derechos territoriales. Los derechos de propiedad y uso colectivo deben estar reconocidos y contar con garantías para su ejercicio efectivo.
- Gobernanza y acción colectiva. La organización comunitaria resulta indispensable para ejercer los derechos territoriales y tomar decisiones sobre el manejo de los bosques.
- Economías territoriales. La conservación necesita articularse con actividades económicas vinculadas al territorio para sostenerse a largo plazo.
- Políticas públicas y financiamiento. Los recursos e instrumentos de conservación pueden generar resultados más duraderos cuando fortalecen los sistemas locales de gobernanza.
Estos aprendizajes adquieren relevancia en las negociaciones climáticas internacionales, donde las decisiones sobre financiamiento forestal y reducción de emisiones pueden influir en las condiciones de conservación de los territorios.
La deforestación contribuye aproximadamente al 11% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según las cifras recogidas en el comunicado, por lo que detener la pérdida de bosques constituye una parte de los esfuerzos de mitigación del cambio climático.
El financiamiento forestal en América Latina se concentra en pocos países
El documento también advierte sobre las presiones que enfrentan los sistemas de gobernanza territorial en Mesoamérica, entre ellas la expansión de actividades extractivas y agroindustriales, los proyectos de energía e infraestructura, el avance de economías ilegales, la criminalización de personas defensoras del territorio y el debilitamiento institucional.
A estos desafíos se añade la distribución desigual del financiamiento internacional destinado a los bosques.
En 2023, América Latina y el Caribe recibieron 753 millones de dólares, equivalentes al 26% del financiamiento forestal mundial señalado en el comunicado. Sin embargo, el 69% de esos recursos se concentró en cinco países sudamericanos: Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina.
El 31% restante se distribuyó entre los demás países de América Latina y el Caribe, incluidos los de Mesoamérica, lo que refleja las limitaciones de recursos disponibles para apoyar la conservación de los territorios forestales de la región.
Ante este escenario, el CCMSS y la Fundación PRISMA sostienen que los Estados deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos territoriales colectivos y proteger los sistemas de gobernanza desarrollados por los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales.
El planteamiento central del documento es que detener la deforestación requiere algo más que financiar acciones de conservación: también implica fortalecer las capacidades de las comunidades para gestionar sus territorios y mantener los procesos colectivos que han contribuido a proteger los bosques durante generaciones.
*Con información proporcionada en nota de prensa









