Un informe publicado el pasado miércoles por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), Earth Insight, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y otras organizaciones lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales, revela una presión industrial sin precedentes sobre los territorios de estos pueblos en México y Mesoamérica. De acuerdo con el análisis, 18,7 millones de hectáreas (17%) de estas tierras se encuentran dentro de concesiones mineras, mientras que las amenazas vinculadas al petróleo y gas, el fracking, la tala industrial, el narcotráfico y el desplazamiento forzado continúan en aumento.
El nuevo análisis, titulado Territorios de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea: Mapeo de amenazas y soluciones en las mayores selvas tropicales del mundo, ofrece un completo análisis espacial de la presión que ejercen las industrias extractivas sobre los Pueblos Indígenas y comunidades locales que protegen bosques esenciales en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, junto con propuestas de soluciones. El estudio combina análisis geoespacial, datos comunitarios y estudios de caso. Hace parte de una evaluación global que examina amenazas en la Amazonia, la Región del Congo, Indonesia y Mesoamérica. En conjunto, estas regiones son el hogar de 35 millones de personas que resguardan 958 millones de hectáreas de bosques tropicales. Los hallazgos para Mesoamérica muestran que las concesiones mineras, los bloques petroleros, el fracking y la tala industrial amenazan territorios esenciales para la estabilidad climática regional y la biodiversidad en México y la región.
La minería concentra la principal amenaza a tierras de Pueblos indígenas y comunidades locales
Levi Sucre Romero, líder de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques comentó que «Mesoamérica es un corredor estratégico que conecta a las Américas, donde bosques tropicales, montañas, costas y arrecifes convergen en una de las regiones más ricas del planeta en biodiversidad y cultura. Estos territorios en México y la región también son hogar de Pueblos Indígenas y comunidades locales cuyas tradiciones y sistemas de gobernanza han mantenido el equilibrio de los ecosistemas durante siglos. Hoy ese equilibrio está bajo asedio».
Publicado en vísperas de la COP 30 en Brasil, el documento buscó generar urgencia en torno a las prioridades y soluciones de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, además de influir en la agenda climática global demostrando que los derechos territoriales de los pueblos indígenas en México son inseparables del cumplimiento de los objetivos internacionales sobre clima y biodiversidad. A pesar de décadas de incidencia, la demarcación territorial sigue siendo críticamente insuficiente en la región, dejando a las comunidades expuestas a la presión extractiva y a la violencia.
Principales hallazgos del informe para México y Mesoamérica
- La minería concentra la mayor amenaza: 18,7 millones de hectáreas (17%) de tierras de Pueblos Indígenas y comunidades locales se encuentran bajo concesiones mineras, lo que representa la presión extractiva más extensa de la región.
- Presiones de petróleo, gas y fracking: 3,7 millones de hectáreas de territorios indígenas enfrentan amenazas relacionadas con concesiones de petróleo, gas y pozos de fracking, incluidas áreas costa afuera que ponen en riesgo ecosistemas marinos críticos.
- Sierra Norte de Puebla (México), un territorio bajo asedio: las concesiones de petróleo y gas abarcan el 20% de las tierras forestales comunitarias, y las concesiones mineras cubren el 14% de los territorios de Pueblos Indígenas y comunidades locales. Cerca de dos tercios de las tierras del ejido Cruz de Ocote están dentro de concesiones mineras con planes de desarrollar minas a cielo abierto. Además, más de 90 concesiones mineras sobre 113,000 hectáreas en 31 municipios amenazan los bosques comunitarios.
- Nicaragua registró la mayor pérdida de bosque primario del mundo el año pasado: 78% de esa pérdida ocurrió en la Reserva de Biosfera Bosawas, hogar de la comunidad indígena que en 2001 llevó el primer caso histórico de derechos territoriales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
M. Florencia Librizzi, subdirectora de Earth Insight dijo que «la evidencia es contundente: sin reconocer con urgencia los derechos territoriales, garantizar el consentimiento libre, previo e informado y proteger los ecosistemas que nos sostienen, las metas climáticas y de biodiversidad global no podrán alcanzarse. Los modelos comunitarios en México muestran el camino hacia un futuro justo y regenerativo».
Soluciones transformadoras lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales
- Reserva de la Biósfera Maya (Guatemala): la Asociación de Comunidades Forestales de Petén administra 480,000 hectáreas con tasas de deforestación casi nulas (1,5% entre 2014 y 2024), siete veces inferiores al promedio nacional de 11%. Las concesiones forestales comunitarias han generado más de 8 millones de dólares en ventas de madera y creado más de dos millones de empleos.
- Panamá: el territorio autogobernado de Gunayala celebrará 100 años de autonomía indígena en 2025. Su sistema de gobernanza ancestral demuestra que las economías basadas en la naturaleza, las prácticas colectivas y el conocimiento tradicional pueden sostener simultáneamente a los pueblos y a los ecosistemas.
- Sierra Norte de Puebla (México): pese a los grandes desafíos de la minería y el fracking, las comunidades han restaurado 200 hectáreas de tierras degradadas en 10 ejidos entre 2024 y 2025, impulsado proyectos de ingresos con grupos de jóvenes y mujeres, y puesto en marcha iniciativas de banca comunitaria. También han movilizado una resistencia regional que logró la suspensión temporal de proyectos mineros mediante acciones legales basadas en la falta de consentimiento libre, previo e informado. La coordinación regional entre ejidos y grupos como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) ha sido clave para mantener la resistencia y proteger los bosques.
Juan Carlos Jintiach, secretario ejecutivo de la GATC añadió que «sin acciones decisivas para hacer respetar los derechos y apoyar la gestión indígena del territorio en México y Mesoamérica, la humanidad no cumplirá sus metas climáticas y de biodiversidad.»
El informe se sustenta en la Declaración de Brazzaville y en las Cinco Demandas de la GATC: garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, el consentimiento libre, previo e informado, el acceso directo al financiamiento, la protección de la vida de las personas defensoras y la integración del conocimiento tradicional en las políticas globales. Estas demandas ofrecen una hoja de ruta clara para que gobiernos, financiadores e instituciones transiten de un modelo extractivo a uno regenerativo.
*Comunicado de prensa
