En este episodio, Lila Gasca, directora de Probono y RSE en Hogan Lovells y copresidenta de GAIL Latinoamérica (Global Alliance of Impact Lawyers), nos presenta la revolucionaria Ley de Empresas de Beneficio e Interés Común (BIC) que se acaba de presentar en el Senado mexicano en un esfuerzo de varios colectivos sociales.
En un movimiento que podría redefinir el panorama empresarial mexicano, un grupo de trabajo multidisciplinario de expertos en impacto social, del que forma parte Lila Gasca, presentó el pasado 16 de octubre en el Senado de la República una propuesta para crear la Ley de Empresas de Beneficio e Interés Común (BIC). Esta iniciativa busca dotar de un reconocimiento legal a aquellas empresas que integran en su ADN un propósito social y ambiental, yendo más allá del lucro.
La propuesta, fruto de más de seis años de investigación y colaboración con expertos de toda Latinoamérica, establece que una empresa BIC debe tener características muy concretas: un objeto social con propósito explícito, la definición de sus beneficiarios directos (como comunidades o el capital natural), una ampliación de la responsabilidad de sus administradores para priorizar el impacto, y la obligación de rendir cuentas mediante un reporte de impacto bajo estándares reconocidos.
La iniciativa no nace en el vacío. Gasca y su equipo se inspiraron en el movimiento global de las Benefit Corporations, que tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y otros países de Latinoamérica como Colombia, Perú y Uruguay. «Siento que México no se podía quedar atrás porque evidentemente somos de las economías más grandes de Latinoamérica«, comentó.
La recepción en el Senado fue descrita por Gasca como «maravillosa«. «Fue muy bueno encontrarte con personas que hablamos el mismo lenguaje y el mismo idioma hacia el impacto«, señaló, expresando su optimismo sobre la posibilidad de que la ley sea aprobada, lo que consideraría «muy virtuoso para el país«. Este marco legal no solo daría certeza a los emprendedores, sino que facilitaría la atracción de inversión de impacto, un sector en rápido crecimiento. «El mundo se está moviendo hacia la inversión sostenible… Y esta es una buena identificación también para el sector de impacto y de inversión«, expone.
La ley se vislumbra no como una imposición, sino como un habilitador para que el capital privado se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera estructurada y verificable.
A través de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL), Gasca promueve una «abogacía de impacto» que actúa proactivamente. Se trata de insertar cláusulas climáticas y sociales en contratos, diseñar instrumentos financieros verdes y, sobre todo, influir en la gobernanza corporativa desde dentro. «Soy fan de decir que no es necesario la ley si no que es necesario alguien con una visión extra de impacto que vaya a poder cambiar las realidades en el mundo«, sostiene, argumentando que el cambio puede y debe impulsarse desde la práctica voluntaria y visionaria.
Finalmente, amplía el llamado más allá del derecho: «Cualquier profesionista tiene esa responsabilidad social de ver cómo va a impactar con su carrera hacia crear un mundo mejor, no sólo haciendo algunas actividades sino más bien insertándolo dentro del negocio que tiene«.
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