La mayoría de los países del mundo incluyen ya a las personas refugiadas en sus planes nacionales de vacunación contra la COVID-19, de acuerdo con nuevos datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Aunque, sobre el papel, la población refugiada de 162 Estados está ya incluida en los planes nacionales, y se han producido mejoras en el suministro de vacunas a los países, las barreras administrativas, las cuestiones de capacidad y los desafíos logísticos han hecho que muchas personas refugiadas no reciban aún su primera dosis.
Las personas refugiadas y las desplazadas por la fuerza han recibido ya casi 8.3 millones de dosis de vacunas en 68 países de Asia-Pacífico, Europa, África y América. Otros 82 países también han confirmado que se han administrado vacunas a personas refugiadas, desplazadas por la fuerza y apátridas, pero las cifras no se han hecho públicas.
“Aunque estamos viendo un enorme progreso en la inclusión de vacunas – un pilar clave de la respuesta a la pandemia que hemos defendido desde el principio – la realidad es que la mayoría de las personas refugiadas están acogidas en países en desarrollo que se enfrentan a una desigualdad crítica en materia de vacunas y a desafíos de implementación”, señaló Sajjad Malik, director de la División de Resiliencia y Soluciones de ACNUR.
Las desigualdades siguen siendo un obstáculo
“La inequidad en las vacunas se está cobrando el mayor número de víctimas entre los más vulnerables. No hay suficientes dosis que lleguen a los brazos de quienes más las necesitan”, afirma Malik.
Para hacer frente a esta cuestión, ACNUR ha abogado por un mayor apoyo a los países de acogida para ayudarles a superar las barreras de acceso. También pide que se invierta más en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud en los países de ingresos bajos y medios que acogen personas refugiadas, para apoyar una preparación y una capacidad de respuesta a la pandemia más eficaces.
ACNUR también insta a los países a abordar las limitaciones e inconvenientes específicos a los que se enfrentan las personas refugiadas, que les impiden recibir las dosis.
De acuerdo con los datos disponibles de ACNUR, en los lugares donde se administran las dosis, las tasas de vacunación de las personas refugiadas son inferiores a la media de las poblaciones nacionales. Esto se debe en gran medida a los desafíos logísticos y a los requisitos administrativos que las personas refugiadas no pueden cumplir.
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Para registrarse o recibir las vacunas, algunos estados exigen documentos de identidad que las personas refugiadas suelen no tener. Otros países han establecido sistemas de registro en línea que pueden disuadir o impedir el acceso a las vacunas a las personas que no tienen acceso a Internet o que no tienen conocimientos informáticos. En otros lugares, los centros de vacunación están ubicados lejos de donde viven las personas refugiadas, o se exige que quienes solicitan las vacunas se presenten ante las autoridades migratorias.
Ha habido grandes avances gracias a las propias personas refugiadas y los países que las acogen, para ayudar al acceso y la aceptación. En Angola, las personas refugiadas desempeñan un papel fundamental a la hora de asesorar y ayudar a otros refugiados a superar las dudas sobre las vacunas y gestionar los síntomas posteriores a la vacunación.
En Bangladesh, los trabajadores de la salud comunitarios llevan a cabo campañas de concienciación puerta a puerta para hablar de las preocupaciones sobre la vacuna, y facilitan el transporte a las personas refugiadas que no pueden llegar a los lugares de vacunación. En Sudáfrica, ACNUR está probando un chatbot para reforzar los mensajes de seguridad de la vacuna y trabajando con socios para mejorar el alcance y las referencias para quienes no tienen documentos.
ACNUR reitera su llamamiento para garantizar la plena integración y accesibilidad de las personas desplazadas por la fuerza y las apátridas en los planes de respuesta y recuperación de COVID-19.
Con información de ACNUR.
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