Por: Caleb Palma
Alimento Para Todos
La experiencia de la inseguridad alimentaria se caracteriza comúnmente por tener cuatro dimensiones. Esto incluye, o puede ser una combinación de: agotarse o quedarse sin alimentos (privación cuantitativa); variedad dietética limitada o incapacidad para comer alimentos culturalmente apropiados o nutritivos (privación cualitativa); falta de agencia o ansiedad en la elección de alimentos (privación psicológica); e incapacidad para mantener los comportamientos alimentarios prescritos socialmente (privación social Loopstra).
Para solucionar esta problemática se han implementado una variedad de intervenciones en todo el mundo; en entornos de altos ingresos han predominado las soluciones neoliberales. Los servicios intermedios, incluidos los bancos de alimentos brindan acceso de emergencia a los alimentos para las personas afectadas por la inseguridad alimentaria y su principal causa subyacente, la pobreza. Se ha demostrado que el uso de los bancos de alimentos es sensible a las políticas sociales y de bienestar.
Violencia estructural
El concepto de ‘violencia estructural’ describe cómo las estructuras sociales arraigadas y normalizadas (por ejemplo: económicas, políticas, culturales) pueden causar daño a individuos, grupos y sociedades, limitando a las personas de su pleno potencial (Galtung, 1969). Esta violencia reduce el grado en que alguien es capaz de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales por debajo de lo que de otro modo hubiera sido posible. Sin embargo, este tipo de violencia es evitable. Puede ocurrir sin intención, e incluso se puede persuadir a las personas que experimentan el impacto de la violencia para que no la perciban. El patrón de injusticia social derivado de esta violencia puede verse agravado por las víctimas que no solo se ven privadas de su potencial, sino que sobreviven por debajo del mínimo de subsistencia, lo que reduce la probabilidad de organizarse y ejercer poder contra quienes lo monopolizan. Esta forma de violencia se perpetúa cuando se enfatizan demasiado las causas personales y de comportamiento y se minimizan o ignoran por completo las causas sociales.
La violencia estructural se ha abordado en diversos estudios para avanzar en la literatura sobre la inseguridad alimentaria en entornos de altos ingresos. Por ejemplo, en un estudio de 2015 en E.U. basado en entrevistas con personas con inseguridad alimentaria que viven con VIH/SIDA, los autores plantearon la hipótesis de que las políticas urbanas que contribuyeron a la escasez de viviendas asequibles combinadas con una política de discapacidad obsoleta que dejó a los beneficiarios en estrés financiero, ejemplificaron la violencia estructural porque estas políticas personas propiciaban la inseguridad alimentaria y con conductas dietéticas subóptimas, incluida la dependencia de organizaciones benéficas (Whittle et al., 2015).
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Del mismo modo, un estudio con adultos jóvenes que anteriormente estaban sin hogar (Johnson et al., 2020) encontró que los participantes identificaron varias formas de violencia estructural que restringieron su seguridad alimentaria, incluida la asistencia gubernamental insuficiente para cubrir los costos de los alimentos; la falta de vendedores locales de alimentos saludables y asequibles; y políticas corporativas que prohíben la donación de alimentos comestibles a personas con inseguridad alimentaria. Las experiencias de inseguridad alimentaria de los participantes contribuyeron a los sentimientos de vergüenza y estigma, particularmente cuando no podían alimentarse por sí mismos. Finalmente, estudios de caso sobre inmigrantes en los EE. UU. e Italia (Carney & Krause, 2020) destacan cómo las políticas migratorias punitivas afectan los resultados alimentarios y nutricionales adversos para los inmigrantes ‘ilegales’ que no son elegibles para recibir asistencia social del gobierno y son forzados a depender de un sector caritativo sobrecargado.
El rol de Alimento Para Todos
Cuando las políticas e intervenciones sociales resultan insuficientes para mitigar la inseguridad alimentaria, la participación de la Sociedad Organizada tiene el potencial de fungir como un catalizador de expresiones solidarias que emanan de diferentes sectores, incluido el privado (comercial) así como de la participación pública.
En México y gran parte del mundo existe un acuerdo generalizado entre los grupos de asistencia social de que los pagos de apoyo del gobierno son demasiado bajos, dejando a los beneficiarios con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
A medida que la asistencia social no ha podido seguir el ritmo del costo de vida, el sector caritativo se ha expandido. Los bancos de alimentos de México comenzaron a formalizarse y expandirse a mediados de la década de 1990 con un amplio respaldo político y comunitario. A más de dos décadas de ese momento, las comunidades socioeconómicamente desfavorecidas informan que los alimentos se han convertido en un artículo discrecional debido al aumento de los costos fijos, como los servicios públicos (McKenzie & McKay, 2017). En respuesta, las organizaciones benéficas como Alimento Para Todos trabajan de manera ágil y localmente receptiva para satisfacer la demanda.
De la mano de donantes corporativos así como individuales, voluntarios y organizaciones de primera línea, hoy impera la necesidad de responder a los retos que supone la inseguridad alimentaria sobre la vida de los más vulnerables. Se cree que a partir del modelo de bancos de alimentos es posible reconstruir relaciones y dinámicas sociales así como trastocar las estructuras subyacentes.
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