Por: Redacción APT
En un país en el cual 39.2 millones de habitantes son menores de 17 años, uno de cada tres hogares con menores de edad se enfrenta a la falta de acceso físico y económico a los alimentos. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en 6 de cada 10 hogares viven niños hasta de 10 años de edad y de esa población sólo 66% disponen de seguridad alimentaria, mientras el resto comen poco por falta de dinero, menos de lo que deberían o aunque tengan hambre no comen.
En este contexto, nuestro país ofrecía a la población escolar la posibilidad de adquirir por 50 centavos un desayuno frío: una barra de cereal, un cuarto de litro de leche así como una fruta. A partir de 2019 se puso en marcha una transición a desayunos calientes los cuales son preparados al momento en las escuelas y regularmente contienen una mayor variedad nutricional para los estudiantes. Aún cuando este es un programa crucial para las metas de bienestar del país, se ha visto suspendido repentinamente debido a la crisis sanitaria resultado de la pandemia que ha azotado al mundo entero desde hace ya más de seis meses. Ahora con el ciclo escolar concluido, muchas familias se encuentran con dificultades para alimentarse suficientemente o ingerir alimentos con los nutrientes necesarios para preservar la salud.
Debería devastarnos el saber que entre 2014 y 2016 12,392 niños menores de 59 meses murieron por causas atribuibles a una nutrición insuficiente en México.
El hambre de verano no es un fenómeno nuevo pero sí uno al que no se le presta suficiente atención. Es muy posible que esta problemática tenga efectos a largo plazo en el desarrollo del país: la afectación que tiene la desnutrición en la salud y el desarrollo cognitivo de la población más joven se traduce en costos económicos para el conjunto de la sociedad; además de los costos de salud en el tratamiento de las afectaciones producidas por un acceso deficiente a los alimentos nutritivos, se generan costos extra en el sistema educativo por los años que muchos estudiantes deben repetir producto de la menor capacidad de atención y aprendizaje que genera la desnutrición. Del mismo modo, este fenómeno genera otras mermas; por un lado, hay pérdida de productividad equivalente a la pérdida de capital humano dado el menor nivel educativo que alcanzan las personas que sufren desnutrición y, por otro lado, se genera una menoscabo de la capacidad productiva resultante del número de muertes asociadas a la desnutrición.
En un país erigido sobre la desigualdad y la opresión de grupos históricamente marginados hemos generado una mayor resistencia e indiferencia a estas cifras. Debería devastarnos el saber que entre 2014 y 2016 12,392 niños menores de 59 meses murieron por causas atribuibles a una nutrición insuficiente en México.
El mundo entero está experimentando una serie de cambios y transformaciones profundas que comenzaron desde antes de la pandemia; hemos sido testigos de movimientos políticos disruptivos, movilizaciones históricas de mujeres y otros grupos marginados. A estas condiciones, el coronavirus se ha agregado como un catalizador que ha puesto al descubierto nuestras vulnerabilidades y la crueldad de la desigualdad en todas sus formas. Nuestra nación no queda fuera de esto, sin embargo, por si mismos, estos cambios no significan automáticamente que veremos más justicia. Si realmente estamos al borde de un momento de transformación como se asegura en el discurso político y se percibe en los medios el resultado más trágico sería una resolución que no incluya condiciones más justas para los más ignorados. Si somos realmente honestos cuando hablamos de crear una sociedad más justa debemos apostar por objetivos aún más ambiciosos: tenemos que llegar a las raíces de nuestros problemas.
Cada día trabajamos por poner al alcance dispositivos de equidad alimentaria para aquellos a quienes se les priva o dificulta sistemáticamente de hacer valer su derecho a la alimentación.
La administración federal y los organismos locales han conseguido coordinarse para evitar una catástrofe, sin embargo, aún estamos muy lejos de erradicar el hambre y un comunicado emitido el pasado 11 de mayo por el CONEVAL alerta que la crisis actual podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en el futuro inmediato en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Abogamos por la construcción de un sistema de protección social resiliente y participamos activamente en su fortalecimiento.
En Alimento Para Todos, el constante contacto con beneficiarios y grupos excluidos nos recuerda a diario que aún resta mucho por hacer. Cada día trabajamos por poner al alcance dispositivos de equidad alimentaria para aquellos a quienes se les priva o dificulta sistemáticamente de hacer valer su derecho a la alimentación. Hemos hecho adecuaciones al funcionamiento de BackPack Program que llevamos a cabo con la cooperación de The Global FoodBanking Network para extender una línea de ayuda a 516 niños y sus familias durante 48 semanas, entregando así 24,768 paquetes de alimentos. Abogamos por la construcción de un sistema de protección social resiliente y participamos activamente en su fortalecimiento. Durante los últimos meses la institución ha sido puesta a prueba de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Frente a esta situación, nos hemos asegurado de no interrumpir la atención a nuestros beneficiarios y hemos aumentado en 52% la cantidad de personas que atendemos a través de una ampliación de actividades y un programa de alivio de emergencia. Sin embargo, los bancos de alimentos no son una isla, nuestras operaciones dependen en gran medida del compromiso y la colaboración de organizaciones del sector privado, público y social, así como del interés y la contribución de individuos que realizan donativos de tiempo y otros recursos.
Al hacer el recuento de nuestra situación actual, nos enfrentamos a una elección: dejar que este momento de transformación pase como ya han pasado otros o ser partícipes de la narrativa del cambio y apostar por un futuro más justo.
Referecnias: INEGI: con inseguridad alimentaria, un tercio de los hogares con niños. Alianza por la Salud Alimentaria. (4/05/2017) Martínez y Fernández, (CEPAL-PMA 2006), “Modelo de análisis del impacto social y económico de la desnutrición infantil en América Latina”.Serie Manueles No 52
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