México enfrenta una paradoja regulatoria respecto a la prohibición de plásticos de un solo uso: aunque las 32 entidades federativas cuentan con leyes que restringen estos materiales, únicamente siete estados (el 21%) disponen de mecanismos técnicos claros para verificar que las alternativas cumplan con la norma ambiental. Así lo expuso Ignacio Parada, fundador y CEO de Bioelements, en el marco del foro Mexico Circular Hub.
El especialista señaló que el principal obstáculo no es la creación de leyes, sino garantizar su aplicación, fiscalización e impacto ambiental real. La falta de homologación genera un mapa legislativo fragmentado con criterios divergentes sobre reciclaje, biodegradabilidad y excepciones por estado.
“La regulación no se puede analizar solo desde su intención. También hay que analizar cómo va a funcionar en la realidad”, sostuvo Ignacio Parada, fundador y CEO de Bioelements.
Solamente el 21% de los estados en México cuenta con mecanismos técnicos para verificar normas sobre plásticos
Para transitara una política ambiental basada en evidencia, el directivo detalló cuatro requisitos clave para respaldar la sostenibilidad corporativa y normativa:
- Pruebas de laboratorio: Ejecución de ensayos estandarizados bajo normas de ensayo reconocidas.
- Acreditación oficial: Validación de resultados expedida por un laboratorio acreditado.
- Temporalidad: Plazos definidos y medibles para la degradación o reutilización del material.
- Certificación: Obtención de una autorización verificable por las autoridades de gestión ambiental.
Parada destacó que el país ya dispone de marcos de referencia como la norma mexicana NMX-E-273 —alineada con los estándares internacionales ISO 17088 y ASTM D6400—, además de criterios técnicos locales como los aplicados por SEDEMA en la Ciudad de México.
“Una prohibición por sí sola no construye circularidad. Un sistema basado en evidencia sí” , expuso Ignacio Parada, fundador y CEO de Bioelements.
Finalmente, la compañía enfatizó que la transición ecológica demanda la colaboración entre autoridades con capacidad de fiscalización, empresas que desarrollen innovación tecnológica viable y consumidores informados para modificar los patrones de consumo.
*Con información proporcionada en nota de prensa.
