México actualizó el marco regulatorio que rige la evaluación social de los proyectos energéticos. La Secretaría de Energía (SENER) publicó nuevas disposiciones administrativas que redefinen la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), elevando los estándares técnicos, participativos y de derechos humanos que deberán cumplir los desarrolladores de proyectos.
Las nuevas reglas fueron publicadas el 16 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación mediante el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético. Este marco regula la evaluación social aplicable a proyectos de electricidad, hidrocarburos, biocombustibles y geotermia.
De acuerdo con el análisis publicado por la firma jurídica Garrigues, el nuevo régimen fortalece la obligación de planificar la gestión social desde etapas tempranas de los proyectos, impulsar la participación comunitaria y justificar presupuestos destinados a inversión social.
Qué es la Manifestación de Impacto Social
La Manifestación de Impacto Social (MISSE) es un instrumento obligatorio que permite evaluar, gestionar y dar seguimiento a los impactos sociales que pueden generar los proyectos energéticos.
El nuevo marco se fundamenta en principios constitucionales relacionados con la protección de los derechos humanos y busca garantizar la protección de comunidades y entornos sociales frente a actividades productivas estratégicas.
En este sentido, la regulación incorpora principios vinculados con la sostenibilidad, la justicia energética y el respeto a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Con estas disposiciones, la MISSE se consolida como un mecanismo central para evaluar los efectos sociales de proyectos energéticos y establecer medidas para prevenir o mitigar impactos negativos.
Proyectos que deberán presentar la MISSE
La obligación de presentar una Manifestación de Impacto Social aplica a una amplia gama de actividades a lo largo de la cadena de valor energética.
En el sector hidrocarburos, abarca actividades como exploración, extracción, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte por ductos y expendio al público.
En el sector eléctrico, el requisito se extiende a proyectos de generación, transmisión y almacenamiento de energía.
Asimismo, en biocombustibles y geotermia incluye actividades de producción, transporte, almacenamiento y exploración que impliquen infraestructura o perforación.
Sin embargo, el marco también contempla algunos supuestos de exención, principalmente cuando las actividades no generan impactos sociales significativos o cuando ya están reguladas mediante otros instrumentos sectoriales.
Tres modalidades según el tamaño del proyecto
Las nuevas disposiciones establecen tres modalidades de evaluación social, determinadas por la escala y complejidad del proyecto.
- Formato A, para proyectos de menor escala, que analiza principalmente el área núcleo del proyecto.
- Formato B, para proyectos de mayor alcance que requieren análisis más detallado de impactos sociales.
- Formato C, el nivel más alto de exigencia regulatoria, aplicable a proyectos de gran escala o con impactos significativos.
En los formatos B y C se exige un análisis más robusto que incluye identificación de actores de interés, evaluación de impactos diferenciados y la elaboración de una línea base social.
En el caso del formato C, también se incorporan análisis prospectivos, impactos acumulativos y planes específicos relacionados con abandono, cierre o reasentamiento de comunidades cuando sea necesario.
Evaluación del área de influencia
Uno de los elementos centrales de la nueva regulación es la delimitación precisa del área de influencia del proyecto, que deberá sustentarse con información oficial y mapas georreferenciados.
Esta área se divide en tres niveles:
- Área núcleo, que corresponde a la zona de impacto inmediato.
- Área de influencia directa, donde se registran afectaciones tangibles a comunidades.
- Área de influencia indirecta, que incluye impactos regionales o acumulativos.
El objetivo es que la evaluación social considere no solo la infraestructura física del proyecto, sino también las dinámicas territoriales, culturales y económicas de las comunidades involucradas.
Enfoque social y de derechos humanos
La MISSE deberá identificar, caracterizar y evaluar tanto impactos positivos como negativos derivados de los proyectos energéticos.
Para ello, la regulación exige incorporar distintos enfoques de análisis, entre ellos:
- Perspectiva de género.
- Identificación de impactos diferenciados en grupos vulnerables.
- Evaluaciones específicas cuando existan pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas.
- Procesos participativos con las comunidades, como entrevistas, talleres y recorridos territoriales.
En proyectos de mayor escala también será necesario analizar impactos acumulativos y posibles efectos sobre el territorio, la cultura y los sistemas normativos propios de comunidades indígenas.
El papel del Plan de Gestión Social
La regulación establece que cada proyecto deberá contar con un Plan de Gestión Social (PGS), el cual funcionará como el componente operativo de la evaluación social.
Este plan deberá incluir medidas para prevenir, mitigar, remediar o compensar impactos negativos, así como acciones para potenciar los impactos positivos y establecer beneficios sociales compartidos.
Además, deberá incorporar mecanismos de participación comunitaria, atención de quejas y garantías de respeto a los derechos humanos.
Un aspecto relevante del nuevo marco es que el presupuesto destinado a beneficios sociales compartidos no podrá ser inferior al asignado a la atención de impactos sociales, y deberá actualizarse y justificarse cada año.
Los desarrolladores también estarán obligados a presentar informes anuales de cumplimiento, los cuales podrán ser verificados por la Secretaría de Energía.
Procedimiento y autorización
La Manifestación de Impacto Social deberá presentarse a través de la Ventanilla Energía utilizando firma electrónica avanzada.
La Secretaría de Energía contará con un plazo máximo de 90 días para emitir una resolución, que podrá consistir en:
- Autorizar el proyecto.
- Autorizarlo de forma condicionada.
- Negarlo cuando existan afectaciones graves, riesgos para comunidades indígenas o falsedad de información.
La autorización de la MISSE es un requisito indispensable para el desarrollo de infraestructura energética, aunque no sustituye otras autorizaciones sectoriales necesarias.
Un nuevo estándar para el sector energético
Las nuevas disposiciones entraron en vigor al día siguiente de su publicación y sustituyen el marco regulatorio que estaba vigente desde 2018.
Según el análisis de Garrigues, este nuevo régimen refuerza el estándar técnico y jurídico de la evaluación social en proyectos energéticos en México, consolidando un modelo basado en derechos humanos, participación comunitaria y seguimiento permanente de los impactos sociales.
Para los desarrolladores, esto implica integrar la dimensión social desde el diseño del proyecto, prever presupuestos específicos para inversión social y fortalecer sus estrategias de sostenibilidad y gestión territorial.
