La efectividad real del desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático debe reposar en los territorios donde la naturaleza se mantiene intacta gracias al resguardo histórico de sus pobladores. Durante el Intercambio Mesoamericano de Economía Indígena y Comunitaria, celebrado en Panamá, líderes de toda la región se reunieron para redefinir el concepto de economía desde las raíces ancestrales y exigir una integración justa al mercado global.
En entrevista para Valor Compartido Podcast, Levi Sucre Romero, indígena Bribri de Costa Rica, director regional de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y co-presidente de la Alianza Global —mecanismo de articulación que reúne a organizaciones de la Amazonía (COICA), Brasil (APIB), África (REPALEAC) y Asia (AMAN)—, analizó el papel crítico que desempeñan la gobernanza territorial, los derechos sobre la tierra y el bienestar comunitario en el resguardo ecológico de la región.
La Alianza Mesoamericana agrupa a pueblos indígenas y comunidades locales desde Panamá hasta México. La premisa de su modelo operativo desmantela la visión tradicional del conservacionismo rígido. «Creemos que si la gente vive bien, los bosques se van a conservar. Pero para que la gente viva bien y los bosques se conserven, también tenemos que entrar en el tema de derechos, derechos de tenencia, derechos de la consulta, todos los derechos que se requiere para poder gestionar un buen vivir y conservar los bosques de la región», explica
Para el especialista y líder indígena, la narrativa actual del ecosistema corporativo y de sostenibilidad suele sobrecargar el lenguaje técnico con neologismos que aíslan las soluciones de la realidad operativa de los territorios. Conceptos como «bioeconomía«, «economía biocéntrica» o «socioeconomía» se elaboran con frecuencia desde gabinetes externos sin comprender las dinámicas productivas existentes. La economía indígena y comunitaria no es un invento reciente impulsado por el auge de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa), sino una práctica histórica de transferencia de bienes, trueque y gobernanza local que precedió a la monetización formal.
Al respecto, Sucre puntualiza: «este concepto de economía no es una cosa nueva, digamos, para los pueblos indígenas ni para las comunidades locales, es una práctica que se ha venido sustituyendo por un mercado diferente, y precisamente este evento que tuvimos en Panamá, lo que intentamos fue rescatar este concepto original de la economía, que trae asociada no sólo gobernanza territorial, conocimiento tradicional, solidaridad y muchos principios que se pierden en el concepto de economía globalizada«.
La resiliencia económica frente a las perturbaciones externas y la crisis climática quedó demostrada durante la reciente pandemia de COVID-19. En el Caribe costarricense, por ejemplo, diez grupos de mujeres de la Red Indígena Bribri reaccionaron ante el cierre de accesos activando el intercambio de semillas tradicionales y productos cultivados bajo sistemas ancestrales dentro de sus fincas. Este movimiento dio paso a un «museo vivo» de germoplasma y a una red de ferias locales que comercializan bienes con identidad cultural y valor nutricional.
Asimismo, en el ámbito de la inserción a mercados internacionales, Mesoamérica cuenta con casos de alta escala como la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en Guatemala. A través de concesiones forestales comunitarias que abarcan más de 500,000 hectáreas administradas bajo planes sostenibles durante 25 años, ACOFOP no solo ha logrado detener la deforestación y la ganadería extensiva, sino que ha diversificado su oferta productiva exportando productos de madera terminada directamente a mercados exigentes como el europeo.
No obstante, la transición hacia mercados más competitivos también expone grandes vulnerabilidades cuando las reglas del comercio global no consideran los derechos territoriales. En Panamá, la histórica ruta comercial de venta de coco del pueblo Gunadule (Cuna) con Colombia se vio severamente desplazada tras la llegada de dinámicas globales desreguladas. En paralelo, comunidades como las mujeres de AMARIE (Asociación de Mujeres Artesanas de Ipetí Emberá), desplazadas en su momento por la construcción de la hidroeléctrica del Bayano, tuvieron que refundar su tejido productivo en tierras desconocidas basándose en el rescate del conocimiento artesanal del pueblo Emberá para garantizar su subsistencia.
Un punto crítico abordado por Levi Sucre es la incoherencia que existe entre la filantropía corporativa, la cooperación internacional y las necesidades reales de los pueblos que custodian la naturaleza. A pesar de que organismos internacionales como la WWF reconocen que el 91% de los territorios manejados por comunidades indígenas se encuentran en excelente o buen estado de conservación ecológico, la mayor parte de las «soluciones basadas en la naturaleza» promovidas por el sector privado excluyen a las comunidades de la toma de decisiones.
De manera tajante, Sucre denuncia la proliferación de programas con sesgo paternalista o punitivo: «intentan, o yo diría que desconocen, y sacrifican a las personas, a la gente, a las comunidades, con el fin de conservar los bosques, y esto no está correcto». Añade que la asistencia técnica externa suele caer en extremos indeseables: «cuando la cooperación de los gobiernos viene, entonces lo que quieren es cambiar el uso del suelo de nuestros pueblos… Y cuando hablamos de la cooperación filantrópica, vienen a decir, queremos apoyar, pero no queremos apoyar a la gente. Solo queremos apoyar que se conserven los bosques. Es un concepto equivocado de proteger los bosques».
Para que la transición ecológica global sea efectiva, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques señala tres aliados clave: los gobiernos nacionales, que deben garantizar la tenencia legal de la tierra e integrar la aportación indígena al desarrollo social; la academia, que debe coconstruir tecnología adecuada a las prácticas ancestrales; y la cooperación internacional, que debe canalizar recursos mediante mecanismos de justicia financiera directa.
Al cierre del encuentro, Sucre recordó que la economía comunitaria representa una respuesta sólida para democratizar el ingreso y descentralizar el capital: «al apoyar la economía indígena y comunitaria, también estamos haciendo justicia económica, no estamos dejando el ingreso en grandes bancos, concentrado en grandes empresarios o consorcios empresariales, sino estamos dándole algo a la gente. No pueden decir que no hay cómo, estamos proponiendo una forma, estamos diciendo aquí hay una alternativa de hacerlo, pero no me digan que no saben cómo hacerlo».
