La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) hizo un llamado durante la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, para que los gobiernos y organismos multilaterales garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades locales, refuercen la protección de las personas defensoras ambientales y faciliten el acceso directo al financiamiento climático.
La organización plantea que la conservación de los bosques, océanos y manglares requiere reconocer las formas de gobernanza y las economías comunitarias que han permitido gestionar estos territorios durante generaciones. También solicita que las comunidades tengan mayor capacidad de decisión sobre los recursos destinados a la acción climática.
La demanda se produce en un contexto de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente. Según las cifras de Global Witness citadas por la alianza, 149 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecieron en Latinoamérica durante 2025. Asimismo, el comunicado señala que, entre 2012 y 2025, se registraron 597 asesinatos de personas defensoras en seis países mesoamericanos: México (230), Honduras (167), Guatemala (114), Nicaragua (77), Panamá (5) y Costa Rica (4).
Derechos territoriales y protección de las personas defensoras
Para la AMPB, los compromisos internacionales contra el cambio climático deben traducirse en garantías de protección individual y colectiva, así como en el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales.
Levi Sucre Romero, director general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, destacó la experiencia acumulada por las organizaciones comunitarias en la gestión de los ecosistemas.
«En más de 15 años de trayectoria en el manejo forestal comunitario y de derechos territoriales para impactar la agenda global contra el cambio climático, contamos con propuestas claras y probadas para impulsar la inversión directa territorial, detener la criminalización, visibilizar el conocimiento tradicional, las economías indígenas y comunitarias y la participación de las mujeres en la gobernanza. Nuestras estrategias fomentan el trabajo inclusivo entre pueblos indígenas y comunidades locales bajo un mismo propósito: conservar la naturaleza y la convivencia de la gente con los bosques», afirmó.
La alianza subraya la importancia estratégica de Mesoamérica para la conectividad de los ecosistemas y el equilibrio ambiental de Latinoamérica. En este sentido, sostiene que las políticas climáticas deben considerar tanto la conservación de la biodiversidad como las condiciones de vida y seguridad de las comunidades que habitan estos territorios.
Economías indígenas y comunitarias como alternativas de conservación
Otro de los planteamientos de la AMPB es reconocer las economías indígenas y comunitarias como parte de las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.
Estas economías se sustentan en conocimientos tradicionales, formas de organización colectiva y actividades productivas vinculadas con el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales.
Entre las experiencias mencionadas por la organización se encuentran:
- Manejo forestal comunitario en Guatemala: la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque (FORESCOM) desarrollan actividades de aprovechamiento forestal mediante concesiones comunitarias, combinando generación de empleo y conservación de selvas tropicales.
- Sistema Milpa Totonaca en Veracruz, México: la red Limaxtum articula prácticas agroforestales, producción de pimienta gorda e identidad comunitaria.
- Conservación de semillas en Costa Rica: la Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA) promueve el intercambio y la preservación de semillas tradicionales.
- Agroecología en Guatemala: la red Utz Che’ impulsa prácticas agrícolas comunitarias orientadas a la adaptación al cambio climático.
Estas experiencias muestran diferentes formas de vincular la actividad económica local con la gestión sostenible de los territorios, sin separar la conservación ambiental de las necesidades de sus habitantes.
Solo 7.2% del financiamiento llegó directamente a organizaciones comunitarias
El acceso a los recursos económicos constituye otra de las principales demandas de la alianza.
De acuerdo con datos del Forest Tenure Funders Group (FTFG) retomados en el comunicado, durante 2025 apenas 7.2% de los fondos movilizados llegó directamente a organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales.
La AMPB considera que esta situación limita la autonomía de las organizaciones territoriales, ya que una parte importante de los recursos se canaliza mediante intermediarios.
Como alternativa, la alianza destaca la creación del Fondo Territorial Mesoamericano (FTM), un mecanismo financiero orientado a fortalecer la capacidad de decisión de las comunidades sobre las inversiones destinadas a sus territorios.
Desde su creación, el fondo ha movilizado 2.205 millones de dólares. Durante 2025 ejecutó 314,550 dólares, de los cuales 282,500 dólares, equivalentes aproximadamente al 90%, se destinaron directamente a inversión territorial.
Según los resultados comunicados por la organización, el mecanismo ha contribuido a beneficiar directamente a 56,405 personas e indirectamente a otras 191,806, además de fortalecer la gestión comunitaria de más de 4.38 millones de hectáreas de bosque.
La alianza señala que el 58% de las personas beneficiadas son mujeres y que el fondo trabaja en ampliar las líneas de financiamiento dirigidas a mujeres y jóvenes, así como sus alianzas con la cooperación internacional.
Sara Omi Casama, fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE-Emberá), reclamó que los compromisos climáticos reconozcan las aportaciones de las comunidades a la conservación.
«Llegamos a la COP31 para visibilizar y fortalecer nuestras iniciativas, dispuestos a compartir la riqueza de Mesoamérica en gestión comunitaria de bosques y buen vivir. Exigimos que la cooperación y las políticas climáticas dejen de ignorar lo que resguardamos: nuestro patrimonio cultural, la biodiversidad y arrecifes clave para el equilibrio del planeta. Proteger estos territorios requiere financiamiento directo y garantías reales para nuestras comunidades», aseguró.
La participación de la AMPB en la COP31 sitúa la gobernanza territorial, la seguridad de las personas defensoras y el acceso directo a recursos financieros entre las condiciones que considera necesarias para avanzar en la conservación de los ecosistemas mesoamericanos.
La organización sostiene que las experiencias comunitarias, como el sistema tradicional de la milpa, ofrecen aprendizajes sobre cooperación y coexistencia que pueden contribuir a las políticas climáticas internacionales.
*Con información proporcionada en nota de prensa









