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El presidente de México envió al Senado para su ratificación el Acuerdo de Escazú, que establece el derecho a un medio ambiente sano y garantiza la protección de quienes lo defienden. Una experta de la ONU en derechos humanos considera que se trata de una decisión “responsable” del gobierno mexicano y lo exhorta a mejorar esa protección.
La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acogió con aprobación la decisión de México de enviar al Senado para su ratificación el innovador tratado regional sobre el medio ambiente, conocido como el Acuerdo de Escazú.
En un comunicado, Mary Lawlor afirmó que la decisión del Ejecutivo “refleja la responsabilidad de México con el medio ambiente y el reconocimiento a quienes lo protegen” y llamó al gobierno del país a reforzar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos.
La experta recordó que, además de establecer el derecho a un medio ambiente sano, el Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países, estipula garantías claras para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió el tratado a la Cámara de Senadores en agosto esperando que la ratificación se concrete en los próximos meses.
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Mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos
Lawlor consideró que dicha ratificación “sería una muestra importante del compromiso de México con los defensores de los derechos humanos que, junto con los periodistas, afrontan altos niveles de violencia en el país”.
“Esta decisión debería inspirar a otros poderes del gobierno a asegurar que las reformas legales, fiscales y políticas ahora en curso también refuercen la protección de quienes defienden los derechos humanos”, recalcó la experta.
Añadió que este avance legal permitiría a México mejorar la seguridad de los defensores y defensoras de las garantías fundamentales.
En este sentido, instó a otorgar los fondos y recursos adecuados al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso en 2012, aseverando que de ello puede depender la vida de los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los activistas del medio ambiente.
El relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, se sumó a las declaraciones de Lawlor y respaldó su llamamiento.
Para concluir, la experta señaló que se debe escuchar la voz de los defensores en cualquier decisión relacionada con políticas que afecten su integridad y capacidad de continuar su trabajo.
“Alentamos al gobierno a que continúe adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en el país”, puntualizó Lawlor.
Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Con información de Naciones Unidas.
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