Nora Méndez, Directora de Fundación Aliat
Hace algunos años, comenzamos a escuchar de manera cada vez más frecuente el término de nini, en referencia a los jóvenes entre 15 y 29 años, que no estaban estudiando o trabajando. La locución ha sido usada de manera despectiva por muchos, como si fuera sinónimo de un joven flojo, que no aportaba a la sociedad ni quería hacerlo.
Esta visión resulta injusta en un contexto como el de nuestro país, con escasas oportunidades para los jóvenes, especialmente en los niveles socioeconómicos más bajos, con bachilleratos y universidades públicas sin espacios suficientes y una baja generación de fuentes de empleo formal y digno.
Para la atención de este grupo poblacional, el actual gobierno federal lanzó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que; sin embargo, de acuerdo con los especialistas, no ha tenido el impacto esperado en la cambiante cobertura que se planeaba inicialmente, ni en la calidad de los resultados previstos, pues han sido muy pocos los aprendices efectivamente contratados por las empresas en las que fueron colocados. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha afirmado, incluso, que el diseño y estructura del plan no permiten una adecuada evaluación de este.
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El panorama frente a la crisis económica provocada por el COVID-19 apunta hacia un dramático engrosamiento de las filas de los Jóvenes que No Estudian o Trabajan (JNET). De acuerdo con un estudio reciente del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), el número de jóvenes en esta situación podría crecer en 4.3 millones, alcanzando así 10.6 millones, calculado a junio de 2020.
Este crecimiento se origina, por una parte, porque ante una contracción del mercado y pérdida de fuentes de empleo, las nuevas generaciones resultan ser el sector más afectado y con más lenta recuperación, como se ha comprobado en crisis previas, aun de menor magnitud.
Por la otra, por el crecimiento y previsible agravamiento de la deserción escolar, alimentada por el cierre de escuelas, la disminución de la calidad de los aprendizajes y la necesidad de más de ellos de incorporarse al mercado laboral de manera temprana.
Entre las múltiples implicaciones de este crecimiento en el número de individuos en estas condiciones, el CEES destaca las siguientes: a) Un potencial aumento de 16% en la tasa de criminalidad por cada 100,000 habitantes; b) Reducciones de 10% en los ingresos de las siguientes dos décadas, para aquellos que caigan en la condición de JNET; c) Incrementos en la pobreza por reducciones de 25% en los ingresos de los hogares con jóvenes que pasan a ser JNET; d) Mayor probabilidad de caer en la pobreza para 1 millón de hogares en los que el/la jefe/jefa del hogar pasará a la categoría de JNET; e) Aumentos en los niveles de depresión, proclividad a las adicciones, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, y otras vulnerabilidades.
Para evitarlo, el CEES propone diferentes recomendaciones de acciones gubernamentales, tanto en la parte laboral, como en la educativa. En lo laboral, apunta hacia estímulos fiscales para quienes contraten a jóvenes en el rango de 18 a 29 años; capacitación y financiamiento para el emprendimiento; empleo temporal comunitario e incorporar a algunos de ellos como mentores de los alumnos con rezagos en el aprendizaje, a raíz del cierre de colegios provocado por la pandemia.
En la parte educativa, se propone incrementar el número y monto de becas en educación superior y posgrado; expandir la oferta de espacios de educación superior pública tecnológica e incrementar el número de becas específicas para estos estudios; ofrecer apoyos específicos para aquellos JNET que opten por regresar a la academia a concluir estudios truncos, y ofrecer capacitación profesional a JNET para incorporarse a los sectores económicos que, se prevé, tendrán una más pronta reactivación económica.
Si bien este estudio se concentra en las acciones que podrían emprender los gobiernos para la atención del problema, lo cierto es que la importancia y magnitud del tema exigen el involucramiento de todos los sectores para contribuir a evitarlo, entendiendo que aportar lo que esté a nuestro alcance para (re)incorporar a los jóvenes a la escuela o al trabajo, implica invertir en el bienestar y paz social de la sociedad en su conjunto.
