La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció que la economía regional crecerá un 5.9% durante este año, pero prevé una desaceleración en 2022, con un aumento estimado de 2.9%.
El crecimiento se debe principalmente “por una baja base de comparación”, tras la contracción de 6.8% registrada en 2020, junto a los efectos positivos derivados de la demanda externa y al alza en los precios de los productos básicos que exporta la región, así como por aumentos en la demanda agregada.
El estudio económico presentado por la secretaria ejecutiva de la Comisión muestra “que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica”.
Alicia Bárcena destacó que los mercados laborales de América Latina fueron los más afectados por la crisis generada por la COVID-19, con una disminución del 9% en el número de personas ocupadas, y que la recuperación esperada durante este año no permitirá alcanzar los niveles anteriores a la pandemia.
Especificó que la COVID-19 provocó una fuerte caída en la participación laboral femenina con un 46.9% de empleadas en 2020, una cifra similar a los niveles registrados durante el año 2002. Durante este año se espera alcanzar un 49.1%, un número similar al registrado el año 2008.
Falta más competitividad y mejores condiciones medioambientales
El análisis de la Comisión plantea orientar la inversión hacia sectores que promuevan una nueva forma de desarrollo y que puedan potenciar la competitividad, el empleo, y bajar la huella ambiental.
Ente ellos el estudio menciona que “la transición hacia energías renovables; movilidad sostenible en ciudades; la revolución digital, para universalizar el acceso a las tecnologías; la industria manufacturera de la salud; bioeconomía y servicios ecosistémicos; la economía del cuidado; economía circular; y el turismo sostenible”.
Bárcena destacó que “impulsar el empleo demandará políticas productivas y laborales para promover la inserción laboral, en especial de mujeres y jóvenes”, y agregó que se deben ampliar los programas que fomentan el empleo, en especial el femenino y el juvenil e impulsar políticas para la reactivación de actividades productivas gravemente afectadas por la crisis, como el comercio y el turismo, entre otras propuestas.
El reporte también destaca que la política fiscal debe acelerar la inversión pública e incentivar y atraer la inversión privada. Para ello, considera prioritario para su sostenibilidad reforzar los ingresos tributarios y reducir la evasión, que la Comisión cifra en alrededor de 325,000 millones de dólares o el 6.1% del PIB regional.
Ampliar el espacio de la política fiscal y monetaria
En este aspecto se destaca que “un mayor acceso a la liquidez internacional y a los mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda contribuiría a ampliar el espacio de política fiscal y monetaria de la región”.
Finalmente, el informe resalta la necesidad de reforzar la banca de desarrollo regional, subregional y nacional con el objetivo de ampliar la capacidad de préstamos y de la respuesta a la pandemia de la COVID-19, así como la creación “de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados”.
“Se debe ampliar el conjunto de instrumentos innovadores para mejorar el acceso al financiamiento e incluir a los países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio de la deuda y acceso a liquidez concesional. El PIB no debe ser el único criterio para evaluar el desarrollo y necesidades de los países. Debemos pasar de la graduación a la gradación”, concluyó Bárcena.
Con información de la ONU.
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