América Latina y el Caribe tiene el segundo mayor número de niños que reciben alimentación escolar en todo el mundo. Más de 80 millones de estudiantes desayunaron, almorzaron o merendaron gracias a sus escuelas el año pasado, una medida fundamental para que volvieran al colegio después de la COVID-19, que ahora se ve amenazada por los altos precios de la comida.
Una nueva publicación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destaca que muchos países de la región adaptaron y ampliaron con éxito sus programas nacionales de alimentación escolar durante la pandemia. Sin embargo, el cierre de las escuelas interrumpió la educación de 165 millones de estudiantes en la región, provocó que 3,5 millones de niños abandonaran su educación y causó una crisis educativa que ahora continúa en un contexto de crisis económica. Los precios de los alimentos y de los insumos agrícolas están aumentando y los indicadores nutricionales están en declive en toda la región.
Hasta 12 millones de niños, adolescentes y jóvenes de primaria y primer y segundo ciclo de secundaria ya no están asistiendo la escuela. Se estima que la trayectoria educativa de más de 118 millones de niños de entre 4 y 17 años está en peligro, según los datos de la publicación.
La alimentación escolar promueve la asistencia, reduce la deserción escolar y contribuye a aumentar las tasas de graduación. “El reto fundamental es asegurar que los programas lleguen a los más vulnerables”, explicó Marie Evane Tamagnan, especialista senior en Educación del BID, durante la presentación del informe.
Precio de los alimentos
La crisis educativa ocurre a medida que los indicadores de nutrición empeoran. Entre 2014 y 2021, el número de personas con hambre en América Latina y el Caribe aumentó de 38 a 57 millones; el número de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave creció de 172,4 a 243,8. A nivel regional, 5.8 millones de niños sufren desnutrición crónica, y más de cuatro millones o el 7.5% de los menores de cinco años tienen sobrepeso.
EL informe destaca que, a pesar de la pandemia y sus efectos económicos, el compromiso político y las inversiones en programas nacionales de alimentación escolar siguen siendo elevados. Los gobiernos financian alrededor del 99% de los programas, con una inversión regional de entre 3600 millones de dólares (reportados) y 7600 millones de dólares (estimados). Al menos 19 países de la región cuentan con una política o ley específica de alimentación o nutrición escolar. Muchos otros están desarrollando nuevos marcos.
Sin embargo, la reciente subida vertiginosa de los precios de los alimentos y el combustible está afectando la calidad general y el alcance de los programas escolares.
“Los gobiernos puede verse obligados a hacer concesiones. Algunos llegan a todas las escuelas, pero con comidas menos nutritivas. Otros llegan a todos los estudiantes, pero menos días. Algunos programas solo atienden a los más vulnerables”, explicó Sarah Kohnstamm, asesora regional de alimentación escolar del PMA.
Las desigualdades entre países son muy marcadas, ya que el costo anual de la alimentación escolar por menor es de tan sólo 10 dólares en los países de bajos ingresos de la región, mientras que, en los países de altos ingresos, se estima en 293 dólares. La cobertura de los programas oscila entre el 30% y el 100% de los estudiantes.
Con información de ONU noticias.
