La Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, presentó el reporte titulado ‘Circular por naturaleza: Una agenda de políticas públicas para materiales biobasados en una economía circular’ (2026). El documento expone la necesidad de unificar las agendas normativas globales de la economía circular y la bioeconomía, con el propósito de mitigar los impactos ambientales en las cadenas de valor que emplean recursos biológicos renovables terrestres, tales como la madera, el algodón, el caucho y el cuero.
El análisis técnico señala que los marcos regulatorios actuales operan de forma aislada. Por un lado, las estrategias nacionales de circularidad suelen omitir los efectos del uso inicial del suelo, la pérdida de biodiversidad y la reintegración segura de nutrientes al entorno. Por el otro, las políticas de bioeconomía tienden a gestionar estos insumos únicamente como recursos lineales destinados a la extracción, conversión y posterior valorización energética, desaprovechando las oportunidades de reparación, reutilización y reciclaje de alto valor secundario.
A través del informe, se fundamenta que la disponibilidad de los recursos biológicos está sujeta a la capacidad de regeneración de los ecosistemas, advirtiendo que si el ritmo de explotación supera los tiempos de recuperación natural, estos activos se vuelven finitos. En este sentido, la transición hacia la sustitución de materiales de origen fósil por alternativas biobasadas debe evaluarse bajo un enfoque de ciclo de vida completo que garantice el abastecimiento regenerativo, un diseño libre de sustancias tóxicas y el retorno seguro de los componentes a la naturaleza.
Presentan plan de cinco pilares públicos para integrar la bioeconomía en la transición circular
La investigación destaca que el tránsito hacia modelos regenerativos de recirculación local posee el potencial de habilitar nuevas fuentes de ingresos y diversificar las actividades económicas en regiones con abundancia de bienes naturales. No obstante, el reporte subraya que para asegurar una transición justa es indispensable incorporar a las comunidades rurales, pequeños agricultores y recolectores de residuos a través de mecanismos de financiamiento, capacitación técnica y condiciones de comercio justo.
Para resolver la falta de alineación sectorial, las organizaciones plantean una agenda estructurada en cinco recomendaciones de política pública aplicables a escala internacional:
- Diseñar para la circularidad y la regeneración mediante el ajuste de estándares de materiales, la trazabilidad obligatoria y la prioridad de los procesos regenerativos.
- Facilitar una circulación eficaz y segura que reconfigure los marcos de gestión de residuos para evitar el desvío prematuro de materiales biobasados hacia la quema energética o procesos de bajo valor.
- Promover incentivos financieros transformadores que reorienten los subsidios agrícolas convencionales hacia la silvicultura y agricultura regenerativa, implementando además esquemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) ecomodulados y reducciones fiscales a las actividades de reparación.
- Invertir en innovación, habilidades e infraestructura para subsidiar tecnologías de reciclaje textil de fibra a fibra, biorrefinerías y complejos de compostaje industrial.
- Colaborar entre instituciones, sectores y fronteras mediante la articulación de ministerios de ambiente, agricultura e industria, buscando la homologación internacional de estándares de sustentabilidad.
La formulación del reporte y la gobernanza de las iniciativas involucran de manera directa a la Fundación Ellen MacArthur, institución encargada del desarrollo de la investigación a nivel global, y a la Coalición para la Economía Circular de América Latina y el Caribe, cuya coordinación técnica es gestionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El comité directivo del organismo regional está integrado por los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay, sumando la colaboración estratégica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Foro Económico Mundial (FEM) y el Centro y Red de Tecnología Climática (CTCN).
*Con información proporcionada en nota de prensa
