El pasado 22 de noviembre en las instalaciones del Senado de la República se presentó el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina (IGI-AMB LATAM 2023), proyecto que se desprende de los estudios sobre impunidad global que desde 2014 realiza la Universidad de las Américas Puebla con diversos aliados, entre los que destaca la firma mexicana SIMO Consulting, dedicada al análisis de fenómenos sociales y económicos.
El propósito de este índice es medir los niveles de impunidad ambiental en la región de América Latina, donde sólo fue posible incluir a 33 países debido a la falta de información. En la región, reconocida por la importancia de su biodiversidad y riqueza natural, prevalecen contradicciones entre el crecimiento económico y la protección del medioambiente. También hay importantes contrastes entre países por sus conflictos socioambientales, deforestación y altos niveles de desigualdad socioeconómica y exclusión social, lo que la hace altamente vulnerable a la emergencia climática y la degradación ambiental. Medir comparativamente la impunidad ambiental en los países que la conforman resulta crucial para comprender las brechas existentes en la capacidad institucional y el acceso a la justicia, así como en la voluntad política de los gobiernos para proteger el medioambiente y respetar los derechos ambientales de los más vunerables.
Este índice a través de 52 indicadores, pone especial énfasis en cuatro dimensiones que destacan las capacidades institucionales y el funcionamiento de las políticas públicas para proteger el medio ambiente y garantizar el derecho a un medio ambiente sano. El IGI-AMB LATAM 2023 es un instrumento innovador al incluir criterios de crimen ambiental y estrategias que contemplen a las generaciones futuras.
Colombia, Brasil y México se ubican en las peores posiciones en la dimensión de Crimen Ambiental
Los avances del IGI-AMB LATAM 2023 fueron presentados en el Foro de la Paz de París (Paris Peace Forum) en noviembre de 2021, y destacó como uno de los ocho proyectos latinoamericanos seleccionados para participar en el Foro, resultando galardonado como uno de los 10 proyectos reconocidos para formar parte del Programa de Escalamiento (SCUP, por sus siglas en inglés) lo cual implicó recibir acompañamiento técnico y asesoría internacional para finalizar el diseño e iniciar la implementación del proyecto durante 2022 y 2023.
Entre los resultados del Índice destaca que solo 15 de los 33 países estudiados obtienen un resultado superior al promedio, por lo que el desempeño ambiental de los países latinoamericanos es intermedio y presenta desafíos para lograr los objetivos medioambientales que permitan a la región hacerle frente a la degradación ambiental y la crisis climática. Destaca que los países de América Latina destinan en promedio sólo el 0.18 % de su Producto Interno Bruto (PIB) a la protección del medioambiente.
Además, esto implica que los niveles de riesgo y vulnerabilidad para su población son muy altos y la posibilidad de contener el daño ambiental es muy limitada. 63.6 % de los países estudiados no reconoce el derecho al medioambiente sano en su Constitución de manera explícita, mientras que el 91% de los países no cuenta con procuradurías y/o fiscalías ambientales nacionales “aunque del lado de las autoridades exista un discurso sobre la necesidad de actuar, no hay marco regulatorio explícito, recursos o instituciones que realmente puedan operar», afirmó Azucena Cháidez, directora de SIMO Consulting y coautora del índice.
Por otro lado, mientras los países pequeños y con menores niveles de ingreso obtienen por lo general peores resultados en el Índice, lo cual está relacionado con la existencia de menores capacidades institucionales y programas de estrategia intergeneracional, los países más extensos tienen una mejor capacidad institucional, sin embargo obtienen una baja calificación cuando se trata de degradación y crímenes ambientales. Para Celeste Cedillo, profesora investigadora UDLAP y coautora del índice el ejemplo más paradigmático de ello es México: “Tiene buenas políticas federales pero no logra implementarlas a nivel subnacional. Es decir, no hay resultados en lo local”.
De la región, México, Brasil y Colombia son los países con más conflictos ambientales, estos tres países representan el 49.8% del total de conflictos en Latinoamérica, siendo México el país con el nivel más alto al sumar un 19.8%. Estos tres países también reportan el mayor número de casos de asesinatos a activistas ambientales con el 71.5% de la región, siendo de nueva cuenta México el que representa la suma más alta en este tipo de crímenes.
Al concentrarnos en nuestro país, el IGI-AMB LATAM 2023 pone en evidencia que las capacidades institucionales en materia ambiental en México dependen en mayor medida de las capacidades con las que cuenta el Gobierno federal, pero que no necesariamente se traducen en el mismo nivel de capacidad subnacional. Este desfase puede afectar críticamente la posibilidad de implementar efectivamente políticas de protección ambiental, promover el derecho al medioambiente sano, garantizar el acceso a la justicia ambiental y proteger a las poblaciones más vulnerables, en muchos casos, poblaciones indígenas.
De igual forma, resalta que la información pública en materia ambiental tiende a ser desigual, inconsistente y su reporte es desactualizado, lo cual dificulta incorporar indicadores para todos los países y medir con precisión y en forma homogénea el desempeño de cada nación. El Índice hace un llamado a los países a crear las capacidades para medir estos datos, pues las circunstancias al día de hoy representan un reto de impunidad estadística. “No reportar la información es mantener viva la impunidad. Estas prácticas solo aportan oscuridad a procesos que tienen que evaluarse y monitorearse. Desafortunadamente, nos dimos cuenta de que los Estados no se están tomando en serio la tarea de documentar lo que hacen”, aseguró Cháidez.
En un mundo donde la data y la información debería ser pública y accesible, la información reportada habría de poder ser desagregada para permitir identificar problemáticas de comunidades locales, pueblos indígenas, población urbana y rural y con perspectiva de género.
