Este blog fue publicado inicialmente por Foro Económico
Este mes de octubre se celebra el día internacional para la erradicación de la pobreza. La noción y medición de la pobreza se reconoce cada vez de manera más amplia, y se han ido incorporando dimensiones como el acceso a servicios y la seguridad contra el crimen y violencia, para capturar un proceso de desarrollo que, como lo describe Amartya Sen, amplíe las libertades de manera igualitaria para todas las personas.
Así, es preocupante que alrededor de dos de cada tres mujeres en el Perú hayan experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Es preocupante también que una de cada tres sufrió violencia física y que menos de un tercio de estas mujeres hayan accedido a los servicios ofrecidos por las instituciones del país (ENDES 2018).
Asimismo, que el 2018 haya culminado con 149 mujeres víctimas de feminicidio en el país, y que el conteo ascienda ya a las 129 mujeres en el 2019, es alarmante para la agenda de desarrollo, reducción de la pobreza e igualdad. Este fenómeno no es único en el Perú; se estima que alrededor de 12 mujeres (y niñas) mueren en América Latina cada día.
Además de ser importante como objetivo de desarrollo en sí mismo, combatir la violencia contra las mujeres es esencial en toda economía inteligente, ya que potencia todos sus recursos humanos lo que conlleva a la eficiencia económica y al desarrollo sostenible. Sumado al costo personal y social, la violencia contra las mujeres tiene un alto costo económico, que limita el desarrollo inclusivo del país.
La víctima, la familia, la sociedad, la economía y el estado enfrentan costos directos e indirectos. Estos incluyen costos adquiridos mediante el uso de servicios (ejemplos incluyen social, salud, policía, justicia) hasta la pérdida de productividad, ingresos y capital humano (de la persona y la familia).
Por ejemplo, en el Perú se estima que el costo indirecto de productividad es equivalente al 3,7 % del PBI. El costo a las medianas y grandes empresas peruanas es de hasta 11.453 millones al año (equivalente al 5.7 por ciento del PBI).
Estos costos económicos están subestimados dado que no toman en cuenta otros que van más allá de la productividad de la víctima ni de los efectos en los niños, la familia y la sociedad.
¿Está luchando contra la violencia de mujeres el Perú? Si bien la violencia permanece alta, el Perú ha logrado avances enfrentando la violencia contra las mujeres en los últimos años .
Se ha fortalecido el marco normativo, legal e institucional, y hay más visibilidad a la problemática y a la urgencia de enfrentarla a nivel de Gobierno y de la sociedad.
El país ha incrementado su inversión en esta agenda. En el último año el Perú duplicó su presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres, y hay más sectores e instituciones directamente involucrados. Se estima que dos tercios de la inversión pública en esta agenda se destinan a atención y protección, incluyendo la de los Centros Emergencia Mujer y servicios legales y judiciales. El enfoque en prevención es más reciente y prometedor, pero todavía tiene un alcance relativamente limitado.
¿Qué más debe hacer el Perú para seguir combatiendo este mal social? Las respuestas deben ser multisectoriales para atender la multiplicidad de factores que la generan. Las intervenciones exitosas en otros países utilizan ese enfoque, multisectorial y coordinado; se invierte en intervenciones y servicios que se complementan y coordinan entre sí, con metas en diversos sectores a largo plazo y con monitoreo riguroso.
En el Perú persisten brechas de cobertura y calidad en los programas y servicios; de coordinación entre sectores y niveles de gobierno; y de conocimiento por la inversión todavía limitada en monitoreo y evaluación de los esfuerzos.
También se deben implementar políticas que cambian las normas sociales discriminatorias, desde el sistema educativo al ámbito público, para disminuir la tolerancia y crear conciencia sobre los efectos negativos de la violencia contra las mujeres en la población.
Los importantes avances de los últimos años deben continuar y fortalecerse, y la problemática debe mantenerse como alta prioridad en la agenda de desarrollo del país.
Hay todavía mucho que hacer para disminuir (y eventualmente eliminar) la violencia contra las mujeres. En las áreas de atención y protección, se debe aumentar la cobertura de programas de calidad para que las mujeres victimizadas busquen ayuda en instituciones competentes.
Esto requiere que las mujeres encuentren una cadena de servicios de atención de calidad, incluyendo a través de los sectores de salud, social y judicial.
Esto incluye el mejoramiento de protocolos entre instituciones a través de la cadena de servicios y mejoramiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo a lo largo de la cadena de atención y protección.
En el área de prevención, la cual permitirá eliminar factores culturales que facilitan la alta incidencia y estructuralidad del problema, se deben diseñar intervenciones que focalicen a grupos de riesgo donde el alcance es actualmente menor, particularmente niños y niñas, adolescentes y jóvenes.
Finalmente, la evidencia de lo que funciona y no funciona, es todavía limitada por lo tanto será imprescindible invertir en evaluación para mejorar el conocimiento y continuar fortaleciendo las intervenciones. Así mismo será importante apoyar técnicamente a las entidades involucradas en la lucha contra la violencia a las mujeres e incentivarles a mejorar su desempeño.
