El informe Panorama Social 2022 proyecta que 201 millones de personas (32.1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su último informe.
De esos 201 millones de personas, 82 millones (el 13.1%) viven en la pobreza extrema. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.
Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en toda la región, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, presentado en Santiago de Chile y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.
“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explica la publicación.
La Comisión proyecta que a fines de 2022 se producirá un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación, lo que representa un retroceso de un cuarto de siglo para la región.
Incidencia por grupos de población
Al igual que en años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región:
- Más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza
- La tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países
- La pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente
En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, niveles similares a los de 2019.
En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9.5% en 2019 a 11.6% en 2022.
“La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, indicó el secretario ejecutivo del organismo de la ONU, durante la presentación del documento.
José Manuel Salazar-Xirinachs explicó que “no se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”.
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Transformar los sistemas educativos
Por ese motivo, llamó a los países a invertir decididamente en educación y a convertir esta crisis en una oportunidad para transformar los sistemas educativos.
Durante la pandemia, América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad.
En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en ocho de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.
De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región. De hecho, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina.
Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22.3% en 2019 a 28.7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).
En el informe, instan a los países a construir “nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región”.
Con información de la CEPAL.
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